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Reconstrucción con vigilancia ciudadana

Isidoro YESCAS

De los estados damnificados por el terremoto del 7 de septiembre, en Oaxaca ya los gobiernos federal y estatal dieron el banderazo para las tareas de reconstrucción en 41 municipios del istmo de Tehuantepec.

Sin duda ésta será la etapa más larga y complicada en lo social, político y administrativo pues solo en lo que corresponde a las viviendas dañadas total o parcialmente SEDATU ha informado que se reconstruirán 59 mil. Pero las actividades de reconstrucción también incluirán edificios públicos, escuelas, iglesias, puentes y carreteras no solamente de los municipios del istmo sino también de la zona mixe, la mixteca y, en menor medida, de las otras regiones y municipios afectados.

Debe, entonces, evitarse a toda costa que en tales faenas ganen terreno la negligencia, el burocratismo y la corrupción de funcionarios públicos de todos los niveles que tendrán bajo su responsabilidad la aplicación de los programas y la administración de los cientos de millones de pesos que fluirán del gobierno federal y organismos privados.

Ya ocurrió con otros desastres naturales en nuestra entidad, y no hace mucho, en ocasión del sismo de 7.4 grados en la escala de Richter registrado en la región de la Costa el 20 de marzo del 2012.

Gobernaba entonces Oaxaca Gabino Cué Monteagudo quien, al igual que ahora lo hacen Rosario Robles, titular de SEDATU y representante de la Presidencia de la República, y el gobernador Alejandro Murat,  prometió transparencia y  honestidad en el manejo de los recursos del FONDEN  y calidad en las obras a realizar. Pero todo resultó un engaño porque las viviendas construidas resultaron de mala calidad, inhabitables y en muchos municipios ni siquiera se concluyeron los trabajos.

Con este antecedente, que es apenas un botón de muestra de la corrupción oficial, la propuesta que ahora se viene impulsando desde la sociedad civil es la constitución de una Comisión o Consejo de Reconstrucción en donde participen representantes de diversos sectores sociales y productivos con la finalidad de vigilar, supervisar e inclusive tener voz y voto en las acciones vinculadas a todo el proceso de reconstrucción de los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México, fundamentalmente.

En Oaxaca parecería que de manera inmediata lo que se puede hacer es que desde cada comunidad o municipio declarado ya como zona de desastre por la SEGOB, pero sobre todo entre los pueblos del istmo, la mixteca y la zona mixe, se activen sus ancestrales mecanismos de participación ciudadana comunitaria. Los usos y costumbres para la toma de decisiones en forma democrática pueden resultar un mecanismo viable para estar atentos y monitorear todas las acciones que se lleven a cabo para la reconstrucción, desde el diseño arquitectónico y materiales que se usarán para la remodelación o levantamiento de viviendas, palacios municipales, escuelas, iglesias, etc. hasta la transparencia y rendición de cuentas de los recursos económicos que se inviertan.

Otra opción es que desde el Congreso local se impulse en forma inmediata una reforma a la Ley de Participación Ciudadana de tal forma que se facilite la integración de comisiones o comités ciudadanos para fines específicos.

Al final de cuentas de lo que se trata es de amarrarle las manos a funcionarios públicos, constructoras y presidentes municipales, y hasta algunos diputados(as) dueños de empresas de construcción, para que los recursos destinados para los pueblos y población damnificada no se malversen o beneficien a unos cuantos.

@YescasIsidoro

Septiembre 24 del 2017.

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